Hoy el monopolio norteamericano Terrabusi Kraft – Food, que se burla de las leyes argentinas y quiere castigar a sus trabajadores en un verdadero lock out patronal, ha declarado asueto a sus trabajadores, desalojando a los trabajadores del turno mañana y no permitiendo el ingreso al turno tarde.
Utiliza a Laura Capra, fiscal del Juzgado Nº 1 de Talar de Pacheco –Tigre, para que ordene el desalojo de la planta. Dos jueces de San Isidro se han declarado incompetentes para dar curso a esta orden.
Es la empresa la que está en total ilegalidad por no acatar la conciliación obligatoria del 18 de agosto decretada por el Ministerio de Trabajo, ni con la intimación posterior que le hizo el propio Ministerio.
Este monopolio ha echado en medio de la conciliación obligatoria a un trabajador. Y ha mandado telegramas ratificando los despidos, no pagó el salario a los despedidos y varios trabajadores no despedidos se encontraron con que no han cobrado.
La fiscal Laura Capra, que recibe favores de la Kraft, persiste en buscar un juez de turno para que dé la orden de desalojo. Urge la solidaridad con los trabajadores de Terrabusi Kraft food, llamamos al conjunto de las organizaciones gremiales, sociales, políticas, de derechos humanos y personalidades a repudiar cualquier orden de desalojo.
Reclamamos al señor juez Ricardo José Costa del Juzgado de Garantía Nº 1 de San Isidro a que rechace cualquier presión tendiente a vulnerar el legítimo derecho que tenemos los trabajadores a defender nuestra fuente de trabajo.
4/9/09 - 10 hs> último momento
En total connivencia con la empresa desde ayer a la tarde la fiscal Laura Carpa de la Fiscalía Nº 1 de Talar Pacheco se instaló en la planta, en una oficina del departamento de administración de personal, pretendiendo interrogar a los trabajadores que se encontraban sin defensa, al no contar con letrados legales.
En un comunicado la Comisión Interna denuncia: “La Fiscal incrimina al conjunto de los trabajadores reunidos que pedíamos por los puestos de trabajo. Esto no es una causa penal, es estrictamente de índole laboral. No somos delincuentes y solo pedimos por nuestros puestos de trabajo. Es un derecho constitucional que tenemos los trabajadores para reclamar. Es un derecho también a la vida para todos los trabajadores y sus familias. Exigimos que se obligue a la empresa a restituir nuestros puestos de trabajo, ¿de qué lado está la justicia que en vez de obligar a que la empresa cumpla con la ley argentina, hostiga a los trabajadores?”.
Desde el PCR nos solidarizamos con los obreros de Terrabusi y convocamos a todas las organizaciones populares a las puertas de la planta para acompañarlos en su lucha.
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